por Néstor Elias
Cuando se miran medidas económicas no es posible dejar de ver el marco en el que se aplican y la línea procesal que estas promueven. Bajo el "lema mediático" sinceramiento por el atraso de tarifas el gobierno argentino puso en marcha un andamiaje de aumentos difíciles de absorber por vastos sectores de la sociedad. Entre estos aumentos se encuentran los puestos en ejercicio en los insumos básicos de energía afectando todos los estamentos del vivir diario de la población donde el desmadre porcentual en las nuevas facturas de gas, luz (también de agua y otros servicios) y el precio del combustible han venido para quedarse, aún en la insuficiente corrección anunciada en el día de ayer.
Por caso, en la empresa recuperada por sus trabajadores FASINPAT (ex- Zanón) de la Patagonia Argentina se recibió una factura de suministro de gas con un monto a pagar de ocho millones y medio de pesos...La anterior había estado en el orden del millón y medio. Es menester mencionar que dicha empresa fue una de la pioneras en iniciar un proceso de recuperación empresarial a manos de los trabajadores y da de vivir dignamente a 350 familias de modo directo, más toda la actividad que genera en torno de ella en la región. Dicho proceso se inició en épocas donde la patria financiera permitió el vaciamiento de empresas sin ningún tipo de escrúpulos por parte de empresarios que optaron por el negocio financiero dejando de lado todo concepto de producción, desarrollo empresarial y social. Durante la década del noventa y sus consecuencias en la crisis del 2001/2 cientos de empresas por todo el país fueron víctimas de estafas y vaciamientos a manos de empresarios inescrupulosos. A esta empresa le han seguido centenares de otras que hoy vuelven a sentir el peso de la persiana de cierre debido a políticas inhumanas donde el Estado Argentino vuelve a priorizar otros ejes económicos con miras a permitir la concentración del capital y dejando de lado todo desarrollo productivo sostenido con tremendo esfuerzo por miles de trabajadores que enfrentaron la callada de empresarios corruptos, la desidia de políticas activas de los gobiernos anteriores y hoy vuelven a reunirse en torno a un nuevo plan de lucha. Son cuatrocientas las empresas recuperadas por sus trabajadores que atraviesan esta dificultad no menor, sino sustantiva.
Retomemos entonces el punto de las boletas o facturas que están emitiendo las empresas distribuidoras de servicios con la venia de el Poder Ejecutivo Nacional. En la Patagonia y el norte del país han llegado con aumentos que van desde el 300% al 2000%. En el caso de FASINPAT nos contaban sus delegados que de pretender pagar esta factura de más de $8.000.000 de gas no podrían pagar ningún otro gasto de la empresa y por supuesto, no podrían liquidar salarios ni afrontar gastos ya ejecutados bajo financiamiento. Es decir, sería literalmente el cierre de la fábrica. Por eso ni siquiera está en consideración el pago de la misma con dicho aumento. A través del Ministro Aranguren el ejecutivo pretendió corregir dichas asimetrías poniendo un tope de 400% con algunas particularidades en determinados casos. Ahora, además de ser insuficiente como medida, no termina de considerar el resto de parámetros necesarios que permitan visualizar una salida a la situación. Esta presión tarifaria, sumada al presión tributaria, la sustantiva baja en el índice de la contrucción (literalmente parada) actividad a la cual dicha empresa provee y la caída del consumo que empuja hacia abajo todos los indicadores económico-sociales, más una inflación que trepó por encima del 40% hace que esos horizontes enunciados se transformen en medidas profundamente recesivas y coloquen al empleo en situación de riesgo, una vez más, a través de un circuito vicioso.
La empresas que luchan el día a día no están en condiciones de enfrentar estas nuevas tarifas que ponen en riesgo la continuidad laboral de sus trabajadores.
Sincerar no puede significar por carácter transitivo dejar caer miles de fuentes de trabajo y familias en la calle. Los trabajadores no deben ni pueden ser la variable de ajuste de la política económica de un país.
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